Durante el año 2025, la Fiscalía de Estado consolidó y profundizó una política de gestión orientada a la ejecución de multas, basada en procedimientos estandarizados, control permanente y trazabilidad de las actuaciones.
Esta modalidad de trabajo implicó el análisis riguroso de la documentación, la asignación estratégica de los expedientes a profesionales especializados, el seguimiento automatizado de los plazos y la utilización de sistemas digitales que permiten conocer, en tiempo real, el estado de cada actuación. De este modo, se garantizó un proceso ordenado, previsible, medible y auditable, fortaleciendo la transparencia y la eficacia institucional.
Asimismo, se promovió la articulación activa con las distintas reparticiones del Estado que intervienen en los procedimientos administrativos sancionatorios, con el objetivo de que las actuaciones lleguen debidamente instruidas y permitan el desarrollo de procesos judiciales más ágiles y eficientes.
La política implementada prioriza la protección de los bienes jurídicos de interés general, tales como el medio ambiente, la salud, los derechos de usuarios y consumidores y la seguridad vial, dejando en claro que la ejecución de multas no persigue un fin meramente recaudatorio.
Como resultado de este trabajo sostenido y coordinado, durante 2025 se registró un incremento superior al 120 % en la recaudación, en comparación con ejercicios anteriores, producto de una gestión con solidez jurídica y enfoque en el interés público.
De esta manera, la Fiscalía de Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo políticas de gestión que garanticen el cumplimiento efectivo de la ley y generen un impacto económico y positivo en la sociedad.