A partir de la ocupación de tierras fiscales por parte de integrantes de la Comunidad Diaguita en El Mollar, la Provincia inició un relevamiento que reveló múltiples asentamientos irregulares en un espacio protegido, incluyendo barrios, emprendimientos turísticos y estructuras recreativas. Ante esto, la Provincia actuó en dos frentes: por un lado, la Policía desalojó las nuevas tomas; por otro, la fiscala Gilda Pedicone obtuvo una medida judicial para frenar más ocupaciones y construcciones.
La Fiscalía de Estado tuvo un papel clave al coordinar un equipo interdisciplinario junto a Catastro, Agua, Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo, para reunir pruebas, judicializar casos y conseguir órdenes de desalojo. Estas medidas se cumplieron sin necesidad de violencia. Además, en el caso del “Loteo Gaucho Castro”, se denunció penalmente a siete personas por vender tierras fiscales, incluyendo a funcionarios públicos. Esta causa está próxima a llegar a juicio y es considerada inédita en la provincia.
