La Fiscalía de Estado de Tucumán reafirmó ante la Justicia la facultad constitucional del Poder Ejecutivo provincial para determinar la fecha de convocatoria de las elecciones locales, al contestar la acción de amparo electoral promovida por el partido Juntos Podemos.
A través de una presentación de 22 páginas, el organismo encabezado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y representado en la causa por el abogado Aldo Luis Cerutti, solicitó que la demanda sea declarada abstracta, al considerar que las normas cuestionadas ya fueron declaradas inconstitucionales mediante sentencias firmes dictadas en procesos anteriores.
En su escrito, la Fiscalía recordó que los artículos 43 inciso 6 y 100 de la Constitución de Tucumán fueron anulados por decisiones judiciales vinculadas a los procesos electorales de 2019 y 2023, por lo que ya no forman parte del ordenamiento jurídico provincial. Según el organismo, ello impide que vuelvan a ser objeto de una nueva declaración de inconstitucionalidad.
Asimismo, sostuvo que los efectos de aquellas sentencias poseen plena vigencia institucional y que, durante dos elecciones consecutivas, todas las fuerzas políticas participaron de los comicios organizados bajo ese esquema, consolidando la validez de los antecedentes judiciales.
La Fiscalía de Estado argumentó además que, al no existir actualmente una disposición constitucional o legal que establezca un plazo específico para la convocatoria electoral, la facultad de fijar la fecha de las elecciones corresponde al Poder Ejecutivo provincial. En ese sentido, señaló que la única exigencia jurídica vigente es que los comicios se realicen con la anticipación necesaria para garantizar la renovación periódica de las autoridades antes del vencimiento de los mandatos.
De esta manera, el organismo provincial defendió la competencia institucional del Ejecutivo para decidir aspectos vinculados a la oportunidad de la convocatoria, la simultaneidad o el desdoblamiento respecto del calendario nacional y la fecha concreta de los comicios, dentro del marco de las atribuciones que le reconoce el ordenamiento jurídico vigente.
Con la contestación de la demanda presentada por la Fiscalía de Estado, la causa continúa su trámite en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El tribunal abrió la etapa probatoria por tres días y, posteriormente, quedará en condiciones de avanzar hacia una resolución de fondo sobre el planteo.